La incorporación de la facturación electrónica en las empresas está produciendo un impacto favorable en la productividad de las mismas. Según todos los estudios realizados hasta ahora, en especial el Informe de SERES, las empresas españolas han generado más de 100 millones de facturas electrónicas en 2013, lo que ha supuesto un ahorro de 550 millones de euros y más de 280.000 horas de trabajo reiterativo e improductivo para los departamentos administrativos de empresas e instituciones públicas. Sólo el ahorro en papel supone evitar la tala de más 3.000 pinos.
Aunque el tamaño de la empresa es importante, hay que destacar que las ventajas de la Factura Electrónica no son exclusivas de grandes empresas o empresas multinacionales (de hecho sólo el 12% de este tipo de empresas utiliza la e-Factura), sino que el beneficio paras las PYME’s es también indiscutible: el ahorro medio de una factura electrónica respecto a otra en papel es de 4,95 euros en la recepción y de 2,82 euros en la emisión. Son precisamente las pequeñas y medianas empresas las que más utilizan la factura electrónica, un 56,3%. En total, unas 130.000 empresas recibieron y emitieron facturas digitales en el periodo de tiempo que abarca el estudio de Seres.
El Sector Servicios, con un 56%, lidera el uso de este tipo de factura, seguido por la Industria con un 39,5%.
Por Comunidades Autónomas, las empresas radicadas en Cataluña y Madrid son las que encabezan la emisión y recepción de facturas digitales con un 15% y un 22% respectivamente. Las empresas catalanas, por ejemplo, facturan electrónicamente un 50% más que las andaluzas y un 75% más que las vascas. Lo mismo ocurre con las empresas de Madrid, que doblan o triplican el número de e-facturas con respecto de Andalucía y el País Vasco, dos comunidades que, a pesar de ello, ocupan el tercer y cuarto puesto del ranking de facturación electrónica. Castilla-La Mancha, con un 3,5%; Extremadura, con un 1,7%; La Rioja, con un 1,5% y Baleares, con un 1,2% ocupan las últimas posiciones de la tabla.
La Factura Electrónica será obligatoria entre las Administraciones y sus proveedores a partir de enero de 2015.
